La ciudadanía ya puede participar en la consulta abierta sobre el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una iniciativa del Gobierno de España que busca recoger propuestas para diseñar una estrategia común frente a los efectos del cambio climático. A finales de año, el Ejecutivo presentará una nueva propuesta enriquecida con el trabajo colectivo
Esta propuesta ha sido aprobada y presentada este martes, por el Consejo de Ministros y busca reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación y recuperación de las Administraciones públicas ante la emergencia climática.
De esa manera, cualquier persona física, jurídica, organizaciones y asociaciones podrán enviar propuestas, comentarios y sugerencias a través del formulario de participación ciudadana.
España, un país vulnerable frente a la emergencia climática

“España es un país extremadamente vulnerable frente a la emergencia climática. El cambio climático se acelera y los episodios extremos son cada vez más frecuentes, intensos, geográficamente amplios y de mayor duración” ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, recordando que solo en la última década, las lluvias torrenciales y danas han aumentado un 15%, las sequías y olas de calor se han vuelto más intensas y duraderas, y la superficie afectada por incendios ha crecido un 80%, provocando la muerte de más de 20.000 personas y pérdidas materiales de unos 32.000 millones de euros, casi lo mismo que el Estado dedicó a educación pública en ese periodo.
Gestión forestal, resiliencia hídrica y refugios climáticos: las claves del Pacto
La propuesta del Gobierno se articula en torno a diez compromisos clave, entre los que destacan: una gestión forestal adaptada al siglo XXI, una Respuesta Nacional para la Resiliencia Hídrica, la creación de refugios climáticos contra las olas de calor, ayudas específicas para el mundo rural, el impulso de la agroforestería y la ganadería extensiva, la creación de dos fondos económicos (uno de respuesta inmediata y otro de prevención), y la puesta en marcha de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias.
También se promueve la construcción de una cultura cívica de la prevención desde edades tempranas y la aceleración de la transición ecológica, reclamando a la Unión Europea mayor ambición en sus objetivos.
Los diez compromisos prioritarios
- Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI. Reforestación con bosques mixtos y resilientes al fuego, gestión activa de montes y favorecer la conservación y el uso productivo.
- Desplegar una Respuesta Nacional para la Resiliencia Hídrica que aumente la resiliencia de nuestros pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías. Por ejemplo, limitando la edificación en zonas inundables y modernizando los sistemas de drenaje y abastecimiento urbano.
- Proteger a la ciudadanía de las olas de calor. Mediante la creación de una red de refugios climáticos e infraestructuras verdes en ciudades y pueblos o nuevos estándares laborales.
- Establecer un sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y servicios reforzados en el mundo rural para potenciar su poblamiento, robustecer su contribución a la protección y restauración de la naturaleza, y favorecer su adaptación a los diferentes escenarios que plantea el cambio climático.
- Potenciar las contribuciones de los sectores forestal y agropecuario a la prevención y mitigación de los eventos climáticos extremos. Fomentar la agroforestería, la ganadería extensiva, la silvicultura el riego sostenible…
- Crear dos fondos con recursos nacionales y autonómicos. El primero, bajo la coordinación de Protección Civil, para acelerar las ayudas a las zonas afectadas por fenómenos extremos; el segundo, para actuaciones de prevención y reducción de riesgos.
- Mantener de forma permanente los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos climáticos extremos.
- Impulsar la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas en el nuevo contexto climático.
- Promover una cultura cívica de la prevención y reacción. La población debe tener conocimientos y habilidades para afrontar situaciones de emergencia, adquiridos desde edades tempranas.
- Acelerar la transición ecológica en España y exigir a la Unión Europea una mayor ambición.
Un proceso de escucha y diálogo participativo
“Este es un Pacto de todos que nace como un proceso de escucha y diálogo amplio, donde cada sector, cada institución, cada organización y cada ciudadano tenga la posibilidad de aportar su visión. Porque un Pacto que aspira a ser nacional debe construirse desde la inclusión y el consenso. Desde este mismo día, cualquier persona podrá remitir propuestas, sugerencias y comentarios”. – ha resaltado Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la rueda de prensa.

Durante los próximos meses las personas representantes del Gobierno con competencias en la materia, incluido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, celebrarán reuniones con formaciones políticas, agentes sociales, organizaciones agrarias, ecologistas y sociales, académicos y de otro tipo, para conocer sus propuestas.
También tendrá lugar una Convención sobre el Pacto y se mantendrán encuentros con Francia, Portugal y con la Comisión Europea. Igualmente se debatirá en la Conferencia de Presidentes, con el objetivo de presentar una nueva propuesta, enriquecida con las aportaciones recibidas, a finales de año.
Un Pacto climático con asesoramiento científico
Asimismo, consciente de que la ciencia debe ocupar un lugar central en la formulación de políticas públicas eficaces y sostenibles, el Ejecutivo abre, a través de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), una vía de comunicación directa con la comunidad científica a modo de consulta pública para recoger aportaciones, sugerencias y observaciones fundamentadas en la evidencia científica que puedan informar las actualizaciones del Pacto, garantizar su rigor científico y asegurar su alineación con el conocimiento más actualizado en materia climática, ecológica, territorial y social.
Investigadores e investigadoras de ámbitos como el cambio climático, la gestión ambiental, la protección civil, la ordenación del territorio, la salud pública o la economía verde podrán enviar sus propuestas a través de un formulario habilitado por el Ejecutivo. Toda la información recibida será analizada por un comité de expertos, encargado de elaborar un informe de síntesis que recoja las principales contribuciones.
El resto de la ciudadanía podrá participar en el proceso a través de la consulta pública general, también abierta en paralelo.
De esa manera, cualquier persona física, jurídica, organizaciones y asociaciones podrán enviar propuestas, comentarios y sugerencias a través del formulario de participación ciudadana.

