En España, el 25,7 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, 12,6 millones de personas. La cifra se mantiene estable respecto al año anterior (25,8 %), pese al crecimiento económico y las mejoras en el empleo

“Se debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar una vida digna a millones de personas. Necesitamos políticas más intensas, más extensas y estructurales”,  Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El 25,7 % de la población residente en España, unas 12,6 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según el Avance de Resultados del XVI Informe Anual El Estado de la Pobreza elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España).

La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5 % con lo que encadena tres años seguidos de reducción lenta pero continuada: alrededor de 9,6 millones de personas viven en pobreza, es decir, con ingresos inferiores a 12.220 € anuales por unidad de consumo (1.018 € al mes).

Los datos, basados en la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el INE el 5 de febrero, muestran un estancamiento de la pobreza que se mantiene prácticamente inalterado desde hace más de una década.

Desde EAPN España valoran de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, especialmente con la mejora en tasas como las de pobreza infantil (del 29,2 % en 2024 al 28,4 % en 2025) o entre personas jubiladas (del 13,9 % en 2024 al 13 % en 2025).

Sin embargo, desde la Red muestran preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25 % de la población desde hace más de una década. Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025.

Cuatro de cada diez personas en alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social

El 63,9 % de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes.

EAPN España alerta en su informe sobre la gravedad de  la situación de pobreza para aquellas personas en régimen de alquiler. Cuatro de cada diez personas en nuestro país (43,6 %), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

La relación entre alquiler y precariedad se refleja también en la carencia material y social severa, que afecta al 17,8 % de las personas que viven de alquiler, frente al 5,1 % de quienes residen en una vivienda en propiedad.

La población con menos ingresos se ve abocada al alquiler, situación que, frente al alza continuada de los precios, repercute en la calidad de vida de las familias, limitando su capacidad de gasto:63,9 % de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes.

Estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, incluido en el Escudo Social. En este sentido, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional, una medida que, según señalan desde la Red, “debe tener un carácter estructural”.

A su vez, reclaman “responsabilidad pública de las instituciones estatales, regionales y locales” para que impulsen políticas de garantía de vivienda de las familias en situación más vulnerable.

Entre ellas, fomento del alquiler social o el control del precio de los alquileres. Además, señalan que es necesario incrementar el parque de vivienda pública que en nuestro país solo alcanza un 2,5 % frente al 9 % de la media europea.

La pobreza infantil sigue siendo una emergencia social

En la Red muestran especial preocupación por los datos de pobreza infantil, que en 2024 ya nos situaron a la cabeza de la Unión Europea.

Pese a la mejora registrada en 2025, la pobreza infantil continúa siendo uno de los principales problemas sociales del país. En España, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes —unos 2,7 millones— vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

Además, la mejora no se produce por igual en todos los hogares. Las familias monoparentales mantienen, un año más, datos muy elevados de pobreza: la mitad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (50,6 %).

“La reducción de la pobreza infantil es claramente positiva, pero seguimos con unos niveles altísimos asociados a la falta de apoyo a las rentas de las familias”, explica Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

Pese las constantes apelaciones por parte de EAPN España y otras organizaciones del Tercer Sector y de la Sociedad Civil para hacer frente a esta grave problemática, siguen sin implementarse políticas efectivas para las familias con niñas, niños y adolescentes como la prestación universal por crianza, que ya está en activo en otros países de la Unión Europea.

Tal y como señala el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus recomendaciones a España publicadas hoy, 5 de febrero, esta medida es la forma de avanzar hacia una respuesta progresiva y suficiente para las familias.

Un escudo social estructural: un pacto de estado contra la pobreza

Desde EAPN España advierten que la cronificación de la pobreza “no es una buena noticia” en un contexto de crecimiento económico y de cifras récord de empleo.

“Se debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar una vida digna a millones de personas. Necesitamos políticas más intensas, más extensas y estructurales”, señala Carlos Susías.

El Congreso de los Diputados rechazó el pasado 27 de enero el Real Decreto-ley ‘ómnibus’ que prorrogaba diversas medidas de protección social y económica esenciales para 2026, en ámbitos como vivienda, pobreza energética, pensiones, empleo y fiscalidad.

La caída del decreto dejó en el aire instrumentos de protección social para millones de personas, que se estaban consolidando como eficaces en la contención de las cifras de pobreza, como ha demostrado el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES.

Además, esta situación pone en riesgo también la garantía de continuidad del salario mínimo prevista para proteger a la población con sueldos más bajos hasta la fijación del SMI de 2026, en un contexto en el que cerca de 2,5 millones de personas viven en situación de pobreza pese a tener empleo, según el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN España.

En las próximas semanas volverán al Pleno del Congreso dos de estas medidas con dos Decretos, uno con la revalorización de las pensiones y otro con las medidas del Escudo Social.

En este sentido, desde la Red apelan a todas las fuerzas parlamentarias a tener “altura de miras” e instan no solo a aprobar estos decretos, también a “mejorar y consolidar” las medidas incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza -paralizado en la Cámara Baja-, junto a políticas fiscales más redistributivas, garantizar el derecho a la vivienda, y aprobar de forma urgente la prestación universal por crianza.

La situación de las Comunidades Autónomas

El Avance incluye también un primer abordaje de la situación por Comunidades Autónomas. Se constata un año más la brecha territorial, con las regiones con mejores datos al norte, y aquellas con cifras más elevadas de pobreza y exclusión social al sur.

Esta brecha entre unas y otras mantiene una España dividida en el eje norte-sur con grandes desigualdades, en una horquilla muy amplia que, en el caso de la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social, va desde el 14,7 % del País Vasco hasta el 34,7 % en Andalucía, más del doble, pese a haberse reducido el riesgo de pobreza y/o exclusión social en la región andaluza.

Para EAPN-ES, la desigualdad entre regiones determina la calidad de vida de la población en función del lugar donde viva, lo que exige la máxima colaboración entre las diferentes Administraciones si se quiere garantizar la cohesión territorial.

Para la Red, las diferentes Administraciones a nivel estatal, autonómico y local deben desarrollar, de forma conjunta, mayores políticas de inversión social. Entre otras iniciativas, plantean como necesario que se complemente de forma decidida el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas, garantizar el derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda, y políticas de cohesión territorial.