By Redacción Ágora en Red
Con motivo de la efeméride del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores reclama un compromiso «firme e ineludible» con la aprobación de una Convención Internacional de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores.
El llamamiento llega en un año de aniversarios con carga simbólica —el décimo aniversario de la Agenda 2030 y el 80.º de la Carta de las Naciones Unidas— y pone el foco en una realidad persistente: la discriminación y situaciones de vulnerabilidad que, denuncian, «siguen afectando a las personas mayores en España y en el mundo, en todos los ámbitos de la vida». De esa manera, la Mesa exige «una respuesta clara y coordinada de la comunidad internacional para proteger la dignidad y los derechos de las personas a lo largo de toda su vida».
Además, este año 2025 también ha estado marcado por varios avances hacia la futura Convención. En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución para iniciar la redacción de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores durante su 58ª sesión celebrada en Ginebra. De esa manera, se ha constituido un Grupo de Trabajo Intergubernamental encargado de elaborar el borrador de la futura convención y España mantiene su compromiso participando en este proceso.
En este sentido, la Mesa subraya que la sociedad civil debe estar presente para que la iniciativa sea inclusiva y representativa, incorporando la voz y la experiencia de las propias personas mayores.
¿Por qué una Convención para los derechos de las Personas Mayores?
En su manifiesto, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores sostiene que «la edad no disminuye, sino que refuerza el valor de la vida y la dignidad de cada persona». Pero advierte de que, en la práctica ser una persona mayor «implica enfrentarse a una serie de desafíos y barreras: desde la discriminación laboral hasta el acceso desigual a servicios de salud, pasando por el maltrato doméstico y familiar y mayores riesgos de aislamiento social».
Asimismo, alertan que las personas mayores, en especial aquellas en situación de dependencia o vulnerabilidad económica, son «ignoradas por las políticas públicas y olvidadas en la protección de sus derechos más básicos». Señalan que en la actualidad «la longevidad a nivel mundial plantea nuevos desafíos y muchos cambios sociales para poder garantizar los derechos de las personas en todas las etapas de la vida».
Cinco objetivos para una Convención de la ONU sobre derechos de las personas mayores
La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores reivindica la Convención por cinco motivos claves: visibilizar y poner en valor los derechos humanos de las personas mayores, establecer un marco jurídicamente vinculante, empoderar a las personas mayores, actuar contra la discriminación y el edadismo y además, establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
- Visibilizar y poner en valor los derechos humanos de las personas mayores. En este sentido, la Mesa defiende la Convención como una herramienta para colocar las necesidades de las personas mayores en centro de la agenda del desarrollo y la justicia social.
- Además, la Convención establece un marco jurídicamente vinculante con “herramientas jurídicas claras y obligatorias”, tal y como señala la Mesa, con el objetivo de comprometer a los gobiernos a proteger y promover derechos, con sanciones y mecanismos frente al edadismo institucional. La Mesa insta a “cambiar el enfoque asistencial de las políticas públicas” y adoptar un nuevo enfoque “centrado en los derechos”.
- Empoderar a las personas mayores, reconociéndolas como «sujetos activos de derechos y actores relevantes en la sociedad», además señalan necesario establecer el derecho a la participación en los asuntos públicos.
- Actuar contra la discriminación y el edadismo. La Mesa considera que la Convención, al incluir cláusulas específicas contra el edadismo, «avanzará en la eliminación de los estereotipos negativos ligados a la edad y se asegurará el acceso equitativo a servicios, empleo y derechos de participación para las personas mayores».
- Por último, la Mesa considera que a través de una Convención se pueden crear mecanismos de seguimiento, a través de diferentes herramientas como comités, denuncias individuales o informes país «para asegurar que los derechos de las personas mayores sean reales y efectivos y cuentan con las garantías suficientes para defenderlos y exigirlos».
Un proceso “inclusivo” y un llamamiento a los líderes
La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores también subraya que el proceso de elaboración de la Convención debe ser inclusivo, incorporando a organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y a las propias personas mayores.
El manifiesto de la Mesa cierra con una apelación directa a los líderes de todos los países para “hacer historia” y responder “con humanidad y justicia” a este llamamiento por la Convención, con un objetivo que sintetiza su mensaje: una sociedad que “no deje a nadie atrás”.
La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores está formada por HelpAge España; la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS); la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA); Cruz Roja Española; Cáritas Española; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Federación de Mujeres Progresistas; El grupo Social Lares, La Fundación Grandes Amigos; Fundación Pilares; Fundación Colisée; Plataforma de ONG de Acción Social; Fundación Pasqual Maragall; Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; Plataforma del Tercer Sector; Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP); Unión de Jubilados y Pensionistas de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT UJP), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España); emancipaTIC; Plataforma del Voluntariado de España (PVE); Fundación Edad&Vida; La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); Fundación Rey Ardid; Accem; La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO pensionistas); Fundación Mutualidad; la Plataforma Afectados Burocracia Digital.
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