By Redacción Ágora en Red
El informe anual de Sanidad sitúa el perfil en edades avanzadas: el 77,46% tenía 60 o más años y la donación de órganos sumó 63 casos en 2024; pese al avance, menos de la mitad de solicitudes se resolvieron con prestación y 308 personas (33,15%) fallecieron durante la tramitación.
La prestación de ayuda para morir avanza en España.
Desde la entrada en vigor en España de la la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) y hasta el 31 de diciembre de 2024 se han registrado 2.411 solicitudes para la prestación de ayuda para morir. De estas solicitudes, 1.123 ( el 46%) terminaron en una prestación efectiva.
Así lo reflejan los datos recogidos en el informe anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir (2024) publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Sanidad y en el que se recoge la evolución de este derecho sanitario en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En total, durante 2024 se finalizaron 929 procesos, incluyendo 803 solicitudes presentadas y resueltas ese año, además de 126 iniciadas en años anteriores.
A pesar de su avance, tras cuatro años de recorrido, menos de la mitad de las personas que solicitaron la eutanasia en 2024 accedieron a ella y 308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación (el 33,15% ) a la espera de recibir este derecho sanitario.
¿Quién solicita la Eutanasia en España?
La prestación de ayuda para morir la solicitan, sobre todo, personas mayores y en contextos de enfermedades neurológicas y oncológicas graves, tal y como muestran los datos del Informe Anual 2024 del Ministerio de Sanidad.
Desgranando el dato por grupo de edades y género, 426 personas accedieron a la prestación en 2024, 217 hombres (50,94%) y 209 mujeres (49,06%).
El 77,46% de las personas que recibieron la prestación, casi ocho de cada diez personas, tenían 60 o más años. Asimismo, como en años anteriores el tramo de edad más frecuente que recibió la prestación fueron personas de 80 o más años (27,77%), en el que destacan las mujeres octogenarias, siendo ellas las que más predominan en recibir la asistencia para morir en este grupo de edad.
En cuanto a las enfermedades de base más frecuentes entre las personas que recibieron la prestación de ayuda para morir se encuentran las de origen neurológico (46,01%) y las oncológicas (28,17%). En conjunto, suman el 74,18% de los casos.
Asimismo, también hubo 37 prestaciones para personas nacidas fuera de España que cumplían los requisitos establecidos en la LORE. De ellas, 18 (48,65%) correspondieron a personas nacidas en países miembros de la Unión Europea.
Un mapa desigual: Cataluña, Madrid y País Vasco suman seis de cada diez
En cuanto a la distribución territorial de la prestación el informe refleja diferencias claras entre Comunidades Autónomas. En 2024, Cataluña lideró el número de prestaciones (142), seguida de Madrid (62) y País Vasco (50). Entre las tres concentraron 254 casos, cerca del 60% del total.
Les siguen Andalucía (30) y Canarias (25); y, a continuación, Baleares (17), Galicia (16), Comunidad Valenciana (16), Castilla y León (15) y Navarra (14), entre otras.
Por otro lado el informe también refleja la tasa de mortalidad producida por una práctica eutanásica (en cualquiera de sus modalidades): Un 0,10%. Lo que supone 1 de cada 1.000 fallecimientos en el territorio estatal.
Asimismo, el informe compara esa tasa de mortalidad española por eutanasia con otros países dónde la eutanasia lleva años implementada y regulada. De esa manera, la mortalidad por eutanasia en España es diez veces menor que la de Australia (0,8%-1,6%) y Nueva Zelanda (1%), quince veces menor que la de Suiza (1,5%), entre treinta y cuarenta veces más baja que la de Bélgica (3,6%) y Canadá (4,7%), y sesenta veces menor que la de Países Bajos (5,8%).
Lo que cuentan las cifras
308 personas fallecieron antes de que se resolviera el procedimiento
Que este derecho sanitario se ejerza mayoritariamente en edades avanzadas y ligado sobre todo a enfermedades neurológicas y oncológicas, deja sobre la mesa cuestiones que interpelan a muchas familias.
La primera, los plazos y desenlaces: de los procesos finalizados en 2024, 308 personas fallecieron antes de que se resolviera el procedimiento (33,15% del total de procesos) y en ese grupo las personas de 60 o más años representan el 87,34% de los fallecimientos durante la tramitación.
Asimismo, el informe recoge que el plazo medio tramitación de la prestación (desde la primera solicitud hasta la resolución de la Comisiones de Garantía y Evaluación (CGyE) fue de 52,97 días, con una mediana de 41 día.
La segunda, es que es un derecho sanitario sin equidad territorial, con concentraciones muy marcadas según qué comunidades autónomas.
En este sentido, organizaciones del tercer sector como la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) lleva tiempo reclamando que el derecho reconocido en la LORE sea también un derecho practicable en plazos compatibles con la realidad clínica.
DMD exige agilizar los plazos de la prestación para que la resolución no se demore más allá de 30 días y denuncian que el tiempo de espera actual es “inasumible para personas en situación terminal”.
Del mismo modo consideran fundamental “reducir la desigualdad” que existe entre las diversas comunidades autónomas, así como registrar todas las solicitudes de la prestación de la ayuda para morir que se producen en España.
Instrucciones previas: un recurso clave, todavía minoritario
El informe también subraya el papel —aún reducido— de las instrucciones previas, (documento equivalente al “testamento vital” según cada comunidad), pensada para situaciones en las que la persona ya no puede expresar su voluntad.
De los 929 procesos finalizados en 2024, 534 se corresponden con solicitudes de personas que siguieron el procedimiento del artículo 5.1, con capacidad de hecho, mientras que 51 personas ( el 5,49%) iniciaron el procedimiento del artículo 5.2 al encontrarse en una situación en la que ya no puede expresar su voluntad y realiza mediante las instrucciones previas.
En términos de prestaciones realizadas, 38 de las 426 se iniciaron a través de instrucciones previas, lo que representa el 8,92% del total.
Atención primaria y sanidad pública, claves en el acceso
El despliegue de la prestación recae de forma mayoritaria en el sistema sanitario público: el 96,71% de las prestaciones se gestionaron y aplicaron en centros de la sanidad pública (frente al 3,29% en ámbito privado o concertado).
En ese sentido, el informe subraya el papel de atención primaria: en el 64,05% de los procesos, la figura de médico responsable fue un/a médico/a de familia.
Respecto al lugar donde se llevó a cabo la prestación, más de la mitad se practicó en centros hospitalarios (51,64%), mientras que más de un tercio se realizó en el domicilio (37,79%). El 10,56% restante tuvo lugar en centros sociosanitarios, en su mayoría residencias de personas mayores.
También fue mayoritaria la modalidad de administración directa de la medicación por parte del personal sanitario. La autoadministración, mediante prescripción, fue excepcional: solo se contabilizaron tres casos (0,70%).
Donación de órganos
El informe anual también refleja como la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir se ha consolidado.
La opción de la donación tras la prestación de ayuda para morir permitió que 63 personas cumplieran su deseo de ser donantes tras la muerte en 2024, una cifra que crece anualmente, aunque la tasa de donantes entre personas que reciben la prestación se mantenga estable desde la implantación de la LORE: el 14,79% de las personas que recibieron la prestación fueron donantes en 2024, frente al 13,17% de 2023 y el 14,58% en 2022.
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Fuente de información:
Ministerio de Sanidad (2025). Informe anual 2024 sobre la prestación de ayuda para morir. Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Madrid: Ministerio de Sanidad.
Laura García