By Laura García
20 millones de personas viven en territorios con sistemas débiles o irrelevantes, según el Índice DEC 2024
Un año más, el Índice DEC 2024, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, vuelve a evidenciar la profunda desigualdad territorial del sistema público de servicios sociales en España.
Según los datos publicados por la organización, 20 millones de personas —el 42 % de la población— viven en comunidades autónomas donde los servicios sociales presentan un desarrollo “débil” o directamente “irrelevante”, lo que se traduce en diferencias sustanciales en el acceso real a derechos básicos en función del lugar de residencia.
El informe analiza en detalle la situación del sistema y su evolución desde 2012, y confirma que, aunque el modelo está jurídicamente consolidado —todas las comunidades autónomas cuentan con una ley que reconoce derechos subjetivos, 14 disponen de un catálogo de servicios, 15 han integrado la atención a la dependencia y 10 mantienen una planificación estratégica vigente—, la consolidación normativa no ha evitado que persistan importantes brechas en inversión, cobertura y calidad de los servicios.
Ranking de calificación del Sistema Público de Servicios Sociales
Un año más, el Índice DEC 2024, refleja que las diferencias en el desarrollo de los servicios sociales públicos en las diferentes Comunidades Autónomas siguen siendo elevadas, «significan una gran desigualdad de oportunidades reales a la hora de hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función del territorio en el que residan» advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Castilla y León alcanza, por primera vez, la primera posición
En la edición de 2024, Castilla y León logra situarse por primera vez en el primer puesto del ranking y obtiene, además, la mayor puntuación de toda la serie histórica (7,73). Una calificación que consolida el liderazgo sostenido de esta comunidad en cobertura, inversión y ordenación del sistema.
El País Vasco mantiene su solidez
El País Vasco se sitúa muy cerca, con 7,67 puntos, y continúa entre los sistemas autonómicos más avanzados. Aunque pierde seis centésimas respecto a Castilla y León, sigue siendo una referencia estatal en servicios sociales con una valoración medio-alta.
Navarra revalida su posición destacada
Por su parte, Navarra mantiene la misma puntuación que el año anterior (6,97) y continúa entre las tres comunidades mejor valoradas del país. La comunidad foral obtiene una calificación media, consolidando su estabilidad en servicios sociales públicos.
El informe vuelve a evidenciar grandes contrastes entre comunidades. A continuación, un repaso al resto de posiciones:
Asturias y Castilla-La Mancha: avances, pero con margen de mejora
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Asturias ocupa el cuarto lugar con 5,84 puntos (medio-bajo).
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Castilla-La Mancha logra su mejor dato desde 2013 (5,98), aunque su calificación sigue siendo débil.
La Rioja, Extremadura y Aragón: estabilidad con ligeros retrocesos o mejoras
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La Rioja cae ligeramente hasta 5,82 (medio-bajo).
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Extremadura sube hasta 5,73 (medio-bajo).
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Aragón se sitúa en 5,68 (medio-bajo).
Canarias, Cataluña y Andalucía: puntuaciones moderadas
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Canarias mantiene prácticamente su nivel (5,38).
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Cataluña mejora por segundo año consecutivo y alcanza 5,26.
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Andalucía obtiene un 5,21.
Todas ellas permanecen en el tramo medio-bajo.
Murcia: mejora, pero sigue en la cola
La Región de Murcia remonta en todas las dimensiones evaluadas, pero su puntuación global (3,26) continúa calificándose como irrelevante, pese a romper una tendencia negativa de cinco años.
Baleares, Madrid y Galicia: calificaciones débiles o irrelevantes
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Baleares: 4,86 (débil).
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Madrid: 4,73, con avances en cobertura y ordenación, pero caída en inversión (irrelevante).
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Galicia: 4,78 (débil) con ligera mejora en inversión.
Comunitat Valenciana: mejora sostenida, pero aún débil
Con 4,49 puntos, la Comunitat Valenciana sigue clasificada como débil, aunque los gráficos del informe muestran un cambio de tendencia positivo desde 2015.
Cantabria: del liderazgo a la penúltima posición
La situación más preocupante corresponde a Cantabria, que ocupa el penúltimo puesto (4,16). La comunidad ha experimentado un declive acusado desde 2013, cuando estaba entre las mejor valoradas. Hoy su calificación es irrelevante.
Servicios sociales desiguales: más inversión y mejores coberturas en unas comunidades frente a mínimos históricos en otras.
Es en la configuración del Sistema donde más se van reduciendo las diferencias entre Comunidades, ya que todas las Comunidades tienen Ley de Servicios Sociales de nueva generación; 14 tienen ya aprobado su Catálogo, 15 tienen integrada la atención a la dependencia en sus servicios sociales, y 11 tienen una planificación estratégica en vigor.
Es en materia de relevancia económica donde las diferencias siguen siendo muy altas, lo que condiciona el desarrollo del Sistema y su oferta de prestaciones y servicios en los diferentes territorios:
Diferencias de gasto
Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 1.203 euros de gasto por habitante en servicios sociales, encontramos diferencias tan importantes como Extremadura, con 713,7 euros, un 76,1% más que en Madrid, con 405,3 euros de gasto por habitante en sus servicios sociales públicos.
Además, si se compara el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) regional que las Administraciones Públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (3,03%), triplica el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid (0,95%). Es decir, Extremadura dedica el triple en proporción.
Cobertura y recursos
En Canarias, cada profesional de servicios sociales atiende a casi 3.000 personas; en Navarra, a menos de 500. Eso quiere decir que en Canarias hay menos personal para ayudar a quien lo necesita.
El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494).
En el País Vasco, el 58,1%, casi 6 de cada 10 personas bajo el umbral de la pobreza reciben Rentas Mínimas de Inserción. En Castilla-La Mancha, prácticamente ninguna: solo un 0,35%.
El porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1%) no es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35%).
Otro ejemplo señalado es el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León, el 11,8% de las personas mayores de 75 años tienen acceso, mientras que en Murcia sólo un 3,8%.
La ayuda a domicilio para mayores de 75 años llega al 21% en Andalucía, pero a menos del 1% en Extremadura. La teleasistencia también es mucho más habitual en Andalucía que en Canarias, el 34,5% de las personas mayores de 75 años en Andalucía frente al 5% de las personas mayores, en Canarias.
Desinstitucionalización: el gran reto pendiente
Según la Asociación de Directoras y Gerentes, los resultados del Índice DEC en 2024 siguen manifestando «el escaso desarrollo y evolución de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (Centros de Día), lo que requiere un importante compromiso económico para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización».
Aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios mejoran respecto al año anterior (9 de 14), la asociación resalta como preocupante «el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización promovida por el Ministerio».
Ayuda a Domicilio
La cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio apenas ha variado un punto desde el año 2010, del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años, según los datos publicados en el informe.
Además, su intensidad es también muy baja con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 4,2 más que en 2010.
Para las personas en situación de dependencia que tienen reconocida la Ayuda a Domicilio como prestación dentro del Catálogo de la Dependencia, su intensidad (duración) media es de 35,65 horas/mes: 17,4 horas para personas con Grado I , 39,8 para aquellas con Grado II y 60,2 para las que tengan el Grado III.
Y aunque son valores que están dentro del rango que marca la normativa: de 20 a 37 horas (Grado I), de 38 a 64 horas (Grado II) y de 65 a 94 horas (Grado III), esto supone que, incluso en los casos de mayor gravedad (Grado III), la media de atención es de unas dos horas y media diarias de lunes a viernes.
«Resulta claramente insuficiente» según la Asociación de Directoras y Gerentes, ya que «la propia ley considera que estas personas necesitan apoyos permanentes para todas las actividades básicas de la vida diaria».
Centros de Día
En cuanto a la cobertura de Centros de Día, el Indice DEC 2024 refleja una escasa o nula evolución desde 2010, aunque en el último año muestra un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10, a pesar de lo cual sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada.
Teleasistencia
La Teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución en estos 13 años, 3 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 11,1% de las personas mayores de 65 años.
Sin embargo, tal y como recuerda la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales en su comunicado, el Plan de Choque para la dependencia impulsado en 2021 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Mesa de Diálogo Social, marcó como objetivo establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio.
En el año 2024 seguían quedando 709.234 personas fuera de ese servicio para alcanzar la cobertura del 100%. A este ritmo, se necesitarían 7 años para alcanzar el objetivo previsto. Los últimos datos disponibles, correspondientes a abril 2025, dicen que sólo hay 542.546 personas con teleasistencia de las 1.261.574 que reciben prestaciones en su domicilio.
Cuidados en el entorno familiar
En cuanto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el Catálogo de la Dependencia, la percibe el 41,9% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 264,11 euros. «Una cuantía insuficiente para que los y las familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria», señalan desde la asociación.
Tres iniciativas pioneras que impulsan la desinstitucionalización reciben reconocimiento estatal
En el marco de la presentación del Índice DEC 2024, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha querido poner el foco en aquellas experiencias que, desde distintos territorios, están contribuyendo de forma real y tangible a avanzar hacia la desinstitucionalización.
Según la entidad, estas iniciativas representan “buenas prácticas que facilitan que las personas en situación de dependencia, especialmente mayores, puedan permanecer en su hogar o en su comunidad con los apoyos necesarios”.
SHARE
El proyecto SHARE, impulsado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada (IMVF), Fuenlabrada Medios de Comunicación (FUMECO), Animajoven, Matia Instituto, Khora, la UNED y la Mesa de la Convivencia de Fuenlabrada, pretende que personas mayores de la ciudad puedan continuar viviendo de manera autónoma en viviendas con espacios adaptados, accesibles y en los que contarán con atención y servicios que se ajusten a sus necesidades.
A su vez, pondrán sus viviendas a disposición de las personas jóvenes del municipio mediante un sistema de arrendamiento a precios protegidos y estableciendo una cooperación entre generaciones.
Este proyecto está financiado por la Comisión Europea a través de la Iniciativa Urbana Europea en el área temática Nueva Bauhaus Europea. De hecho, Fuenlabrada es la única ciudad española, junto a Barcelona, en obtener financiación de la Comisión Europea para dos proyectos de innovación.
Viviendas para mayores, en municipios de Cuenca
Ayuntamientos y Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, ofrece este recurso social de alojamiento y convivencia que permiten que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual, ofreciéndoles un marco de participación en la vida comunitaria, evitando sentimientos de soledad y desarraigo. Los servicios que ofrecen las viviendas se complementan con los recursos comunitarios: sociales, sanitarios, culturales y de ocio.
ACOMPAÑANDO-T.
Impulsado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, Acompañando -T, es un proyecto que se inició en la ciudad de Teruel durante la pandemia de la Covid-19 y que se ha extendido a otras localidades de la provincia.
Con un impulso y coordinación profesional, promueve y apoya las relaciones de buena vecindad para ayudar a personas que viven situaciones de aislamiento y soledad a establecer vínculos en su entorno de proximidad.
Redacción Ágora en Red