By Laura García
Las personas de 65 y más años continúan siendo el grupo de población con menores tasas de riesgo de pobreza en España, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, los resultados vuelven a plantear una pregunta ya presente en análisis anteriores: ¿estos datos reflejan una mejora real de las condiciones de vida de las personas mayores en España o, más bien, un empeoramiento general del resto de la población?
Qué mide el riesgo de pobreza y cómo se interpreta
La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no pobreza absoluta. No indica cuántas personas no pueden cubrir sus necesidades básicas, sino cuántas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población.
En este contexto, la estabilidad relativa de las pensiones vuelve a situar a las personas mayores en una posición estadísticamente más favorable.
Mayor exclusión social en las etapas previas a la jubilación
El indicador AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social a partir de tres factores —ingresos bajos, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo—, refuerza esta tendencia.
En 2025, la tasa AROPE se situó en el 25,7 % del conjunto de la población, mientras que entre las personas de 65 y más años bajó al 19,2 %, tras reducirse 0,3 puntos respecto al año anterior.
Por el contrario, la tasa AROPE alcanza el 33,9 % entre los menores de 16 años y el 25,9 % en la población de 16 a 64 años, lo que evidencia una mayor exposición a la exclusión social en las etapas previas a la jubilación.
Aunque la diferencia es hoy menos pronunciada que en la década pasada, las personas mayores siguen presentando una menor exposición al riesgo de pobreza que otros grupos de edad.
Este patrón se explica, en parte, por la mayor estabilidad de los ingresos procedentes de las pensiones frente a la volatilidad del mercado laboral, que afecta especialmente a la población en edad activa y a los hogares con menores.
Mejores cifras no implican mayor bienestar
Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60 % de la mediana de los ingresos. Esto implica que, cuando los ingresos generales disminuyen, el umbral también baja.
En este escenario, las personas pensionistas —con ingresos más estables— aparecen en las estadísticas en mejor posición relativa, no necesariamente porque su situación económica haya mejorado, sino porque otros colectivos han visto deteriorarse la suya.
De hecho, el poder adquisitivo de las personas mayores sigue tensionado por el aumento del coste de la vida, el encarecimiento de la vivienda, los gastos energéticos y sanitarios y el impacto acumulado de reformas anteriores del sistema de pensiones.
Dificultades económicas y apoyo familiar
Aunque la encuesta del Instituto Nacional de Estadística constata una ligera mejora en algunos indicadores generales —como la reducción del porcentaje de población que llega a fin de mes con mucha dificultad (8,5 %)—, más de un tercio de la población no puede afrontar gastos imprevistos, una situación que también afecta a parte de la población mayor, especialmente a aquellas personas que viven solas o dependen exclusivamente de pensiones más bajas .
A ello se suma un factor difícil de cuantificar estadísticamente: el apoyo económico y material que muchas personas mayores prestan a sus hijos, hijas y nietos y nietas.
Este respaldo intergeneracional, habitual desde la anterior crisis económica, continúa siendo un elemento clave para entender las condiciones reales de vida de las personas pensionistas, más allá de los indicadores oficiales.
Desigualdades territoriales en el riesgo de pobreza y exclusión social
La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del INE muestra importantes diferencias entre comunidades autónomas en los niveles de riesgo de pobreza o exclusión social, lo que condiciona de forma directa las condiciones de vida de la población mayor según el territorio en el que reside.
Las tasas AROPE más elevadas se registraron en Andalucía (34,7 %), Castilla-La Mancha (34,0 %) y la Región de Murcia (32,5 %). En el extremo opuesto, las comunidades con menores niveles de riesgo de pobreza o exclusión social fueron el País Vasco (14,7 %), Illes Balears (15,2 %) y la Comunidad Foral de Navarra (16,5 %).
Estas diferencias territoriales se reproducen también en la tasa de riesgo de pobreza, uno de los componentes del indicador AROPE. Andalucía (27,7 %), Región de Murcia (26,7 %) y Extremadura (26,2 %) encabezan los valores más altos, mientras que País Vasco (9,3 %), Illes Balears (11,6 %) y Navarra (12,3 %) presentan las tasas más bajas.
Llegar a fin de mes y afrontar gastos imprevistos
Las dificultades económicas también varían de forma significativa según la comunidad autónoma. En 2025, los mayores porcentajes de población que declararon llegar a fin de mes con “mucha dificultad” se registraron en Castilla-La Mancha (12,7 %), Región de Murcia (12,1 %) y Canarias (11,5 %).
Por el contrario, las comunidades con menores niveles de dificultad económica fueron el País Vasco (3,8 %), Aragón (4,7 %) e Illes Balears (4,8 %), territorios que concentran también mejores indicadores de renta y protección social.
Un contexto territorial que condiciona la vejez
Estos datos reflejan que, aunque las personas mayores presentan en conjunto menores tasas de riesgo de pobreza que otros grupos de edad, sus condiciones de vida están fuertemente condicionadas por el territorio.
El acceso a servicios públicos, el coste de la vida, la vivienda y las políticas sociales autonómicas influyen de forma directa en el bienestar económico durante la vejez.
Las desigualdades territoriales siguen siendo, por tanto, un factor clave para interpretar los datos de pobreza y exclusión social, también entre la población mayor, y refuerzan la necesidad de políticas públicas sensibles al contexto autonómico.
¿Menor pobreza o mayor desigualdad?
Los datos de la ECV 2025 confirman que las personas mayores siguen siendo el grupo con menor riesgo de pobreza y exclusión social, pero también muestran que esta posición responde más a la estabilidad relativa de las pensiones en un contexto de creciente desigualdad que a una mejora sustancial de su bienestar.
Las estadísticas del INE ofrecen pistas, pero no agotan el debate sobre las condiciones de vida reales de la vejez en España.
Redacción Ágora en Red