Subida del 2,7% en las pensiones para 2026: qué implica y cuáles son las demandas que siguen sin resolverse

La revalorización supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales.

Este incremento beneficiará a las más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 715.000 personas pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestaciones con el mismo índice.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.316,7 euros en noviembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se sitúa en 1.511,5 euros mensuales, tras incrementarse un 4,3% de media respecto al mismo periodo de 2024. En noviembre, además, se les abonará la paga extraordinaria que, en el caso de la jubilación, tiene un importe medio de 1.492 euros.

En este sentido, cabe recordar a nuestro lectores y lectoras de Ágora en Red que la pensión media de jubilación es solo un promedio estadístico: muchas personas están bastante por encima de esa cifra, pero también hay cientos de miles muy por debajo, especialmente mujeres, personas autónomas y pensiones no contributivas.

Dicho de otro modo: esa media no significa que la mayoría cobre 1.500 euros, sino que hay pensiones altas que empujan el promedio hacia arriba mientras una gran bolsa de pensiones bajas permanece en la parte inferior de la distribución.

Demandas pendientes en materia de pensiones: revalorización, equidad y garantía de derechos

Las organizaciones sociales de personas mayores y pensionistas, sindicatos y movimientos ciudadanos mantienen abiertas varias reivindicaciones clave para avanzar hacia un sistema más justo, equitativo y sostenible.

Entre las principales demandas destaca el mantenimiento de la revalorización de las pensiones conforme al IPC real, la mejora de las cuantías mínimas y no contributivas y la reducción de la brecha de género, que sigue afectando de manera estructural a las mujeres pensionistas.

 También insisten en la necesidad de combatir los bulos sobre el Sistema Público de Pensiones, una desinformación que, denuncian, busca enfrentar a generaciones y deslegitimar un sistema que consideran esencial para la cohesión social.

Cuantías mínimas, brecha de género y lucha contra la pobreza

La insuficiencia de las cuantías mínimas es una de las principales alertas. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) recuerda que muchas prestaciones siguen por debajo del umbral de la pobreza, una situación que se agrava entre las mujeres, cuya pensión media en 2024 fue de 1.026 euros mensuales, lejos de los 1.510 euros que perciben los hombres, según los datos reflejados en el XV INFORME EL ESTADO DE LA POBREZA – 2025 publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado español (EAPN).

Esta diferencia, de 484 euros al mes, es reflejo de una trayectoria laboral marcada por la precariedad, la discriminación salarial y la asunción mayoritaria de tareas de cuidados no remunerados. Para igualar ambas cuantías, la pensión de las mujeres tendría que incrementarse en un 47,1 %, un dato que ilustra la profundidad de la brecha de género.

Esta diferencia, fruto de carreras laborales más precarias y mayor dedicación a los cuidados no remunerados, refleja una brecha de género que solo podrá corregirse con medidas de fondo en el ámbito laboral, económico y social.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) plantea, además, acciones inmediatas como elevar la pensión mínima al nivel del salario mínimo interprofesional, reconocer el 100 % de la base reguladora en las pensiones de viudedad, de modo que ninguna persona viuda vea mermados sus ingresos tras la muerte de su pareja. Y extender el complemento para reducir la brecha de género a todas las mujeres pensionistas, incluidas las que se jubilaron antes de 2021 o perciben pensiones no contributivas.

Los colectivos de mayores LGTBI+ como la Fundación 26 de Diciembre también alertan sobre su especial vulnerabilidad económica. El 67 % percibe pensiones no contributivas de apenas 456 euros, y más del 30 % está en riesgo de pobreza. Por ello, reclaman incrementos significativos, medidas de reparación histórica por la represión franquista y la flexibilización del acceso a pensiones de viudedad en casos de convivencia prolongada anterior a la legalización del matrimonio igualitario. El desempleo entre personas mayores LGTBI+ triplica la media nacional, anticipando pensiones más bajas en el futuro.

Edad de jubilación y carreras largas de cotización

Otro eje central de las reivindicaciones es la mejora de las condiciones de acceso a la jubilación.

Una de las reivindicaciones más extendidas es la eliminación de los coeficientes reductores para quienes se jubilan de forma anticipada tras haber cotizado 40 años o más. Esta demanda, impulsada por ASJUBI40, ha avanzado tras la aprobación de una moción en el Pleno del Congreso.

 ASJUBI40 y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) piden eliminar los coeficientes reductores que penalizan a quienes se jubilan anticipadamente tras largas carreras de cotización, así como revisar las penalizaciones por jubilación anticipada involuntaria.

Asimismo, COESPE propone recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y reinstaurar la jubilación parcial con contrato de relevo desde los 60 años, como vía para facilitar el tránsito hacia la retirada laboral y favorecer el relevo generacional en las empresas.

Rechazo a la privatización y blindaje constitucional del sistema

En el debate público también está presente el rechazo a cualquier vía de privatización del sistema. COESPE advierte de que los Planes de Pensiones de Empleo representan una privatización encubierta que puede debilitar el sistema público.

En la misma línea, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y sus entidades adheridas proponen incluir en la Constitución el derecho fundamental a las pensiones públicas, de manera que quede prohibida su privatización total o parcial y se asegure el poder adquisitivo de las personas pensionistas. La plataforma además sostiene que este blindaje evitaría congelaciones como las ocurridas en años anteriores y reduciría la inseguridad entre quienes dependen de estas prestaciones como principal fuente de ingresos.

Transparencia y auditoría del sistema

La transparencia y la rendición de cuentas son otro punto central de las demandas. UGT plantea la creación de una Agencia de la Seguridad Social que modernice la gestión, refuerce la atención a la ciudadanía y ponga en marcha plataformas digitales que permitan consultar derechos y cotizaciones con facilidad.

Por su parte, COESPE insiste en la necesidad de realizar una auditoría pública de la Seguridad Social por parte del Tribunal de Cuentas, así como en cumplir con la Ley 21/2021 y devolver al sistema los 103.690 millones de euros detectados como gastos impropios. La organización pide además completar la separación de las fuentes de financiación, trasladando al Estado los aproximadamente 9.000 millones de euros que aún se imputan al sistema contributivo.

Para la UJP-UGT, reforzar el Pacto de Toledo es imprescindible para garantizar estabilidad y consenso político en el diseño de las pensiones. También considera indispensable incrementar los ingresos del sistema mediante políticas de lucha contra el fraude, la reducción de la economía sumergida, la mejora de los salarios y una fiscalidad más progresiva que contribuya a una redistribución más justa de la riqueza.

En conjunto, todas estas demandas reflejan la aspiración de las organizaciones sociales por un sistema público de pensiones más equitativo, sostenible y protegido frente a desigualdades presentes y futuras.

La sostenibilidad del sistema no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también en términos de justicia social, igualdad y garantía de derechos para todas las generaciones.